La publicación de una reforma en el Periódico Oficial no representa el final del proceso legislativo, sino el inicio de una nueva etapa: su implementación. Con la entrada en vigor del Decreto 653-LXVI, el Congreso de Hidalgo reformó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar el enfoque de envejecimiento activo como principio rector de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
Las modificaciones establecen nuevas obligaciones para promover programas de empleo, capacitación, participación productiva e integración social, además de impulsar la creación y fortalecimiento de centros de atención geriátrica y gerontológica, casas de día, clubes y otros espacios destinados a las personas adultas mayores. Asimismo, la reforma señala que estas acciones deberán desarrollarse bajo un enfoque que privilegie la autonomía, la participación y el aprovechamiento de la experiencia y conocimientos de este grupo de población.
Aunque la reforma define un nuevo marco jurídico, su impacto dependerá de las acciones que emprendan las instituciones responsables durante los próximos meses. En la práctica, ello implicará revisar si las dependencias estatales adecuan sus programas, si los municipios fortalecen los servicios dirigidos a las personas adultas mayores y si existen recursos suficientes para hacer realidad los objetivos previstos en la ley.
Para los gobiernos municipales, la reforma también representa un referente importante. Si bien muchas de las disposiciones recaen en autoridades estatales, los ayuntamientos son responsables de operar o coordinar diversos programas comunitarios, espacios de convivencia y acciones de atención a personas adultas mayores. Por ello, el seguimiento ciudadano podrá enfocarse en conocer qué municipios amplían su infraestructura y servicios, cuáles implementan programas de inclusión y empleo, y cómo se reflejan estos cambios en la calidad de vida de este sector de la población.