El Gobierno de Hidalgo publicó nuevos lineamientos que establecen que será la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, o la Secretaría del Despacho, quien determine el destino de los bienes muebles recibidos mediante donaciones. De acuerdo con el documento, las decisiones deberán atender criterios de utilidad pública, necesidad institucional, beneficio social y protección al medio ambiente. Asimismo, cuando los bienes no sean utilizados para el propósito con el que fueron asignados, podrán ser reasignados mediante una nueva determinación oficial.
Los lineamientos también disponen que cada asignación, transferencia, comodato o cualquier otro acto relacionado con estos bienes deberá quedar formalizado por escrito, especificando la autoridad que autoriza la entrega, la institución receptora, el estado físico del bien y el uso para el que fue destinado. Con ello, el gobierno establece un mecanismo administrativo para registrar el recorrido de los bienes que ingresan al patrimonio estatal.
Desde una perspectiva de transparencia, la nueva regulación abre un área de interés para el seguimiento ciudadano. Aunque el acuerdo define quién toma las decisiones y bajo qué criterios generales deben adoptarse, la rendición de cuentas dependerá de que exista información pública suficiente para conocer qué bienes fueron recibidos, a qué dependencias o municipios fueron entregados y si efectivamente se utilizaron para los fines autorizados.
La publicación de lineamientos constituye un paso para ordenar la administración del patrimonio público; sin embargo, el verdadero escrutinio comienza una vez que estas disposiciones se ponen en práctica. La posibilidad de verificar el destino final de los bienes y conocer las razones que sustentan cada asignación será un elemento clave para evaluar la transparencia en su administración.