En 1975, Hidalgo vivió uno de los episodios más extraordinarios de su historia política. El Senado de la República declaró la desaparición de poderes en el estado, una medida constitucional excepcional que implicó el relevo del gobernador, así como la disolución del Congreso local y del Poder Judicial estatal para nombrar un gobierno provisional. Detrás de esa decisión existía una compleja crisis política marcada por disputas internas, tensiones entre grupos del partido gobernante y el seguimiento permanente de los servicios de inteligencia del gobierno federal.
Durante décadas, gran parte de lo ocurrido permaneció fuera del conocimiento público. Sin embargo, la apertura de archivos históricos ha permitido reconstruir parte de ese contexto. Una investigación reciente documenta cómo la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS) elaboró informes sobre la situación política de Hidalgo, vigilando no solo a organizaciones sociales y actores opositores, sino también a funcionarios, líderes políticos y al propio gobernador del estado. Los reportes buscaban informar al gobierno federal sobre los conflictos internos que se desarrollaban en la entidad y que, con el tiempo, desembocarían en la desaparición de poderes.
La desaparición de poderes no puede entenderse únicamente como la aplicación de un mecanismo constitucional para resolver una crisis local, sino que fue el resultado de una compleja interacción entre los conflictos internos del sistema político hidalguense, las disputas por el control del poder dentro del partido gobernante y la estrecha vigilancia ejercida por los organismos federales de inteligencia. Los documentos muestran que el gobierno federal contaba con un conocimiento detallado de la situación política del estado, convirtiendo a los servicios de inteligencia en un actor relevante dentro del proceso que culminó con la intervención federal en Hidalgo. Al mismo tiempo, el estudio advierte que estos archivos deben leerse con una necesaria crítica de fuentes, contrastándolos con otras evidencias para comprender con mayor precisión los acontecimientos de aquel periodo.
Más allá de reconstruir un episodio histórico, se pone en relieve el valor de los archivos públicos para comprender el funcionamiento del poder y las instituciones en México. La apertura de documentos antes reservados no solo enriquece el conocimiento sobre el pasado, sino que fortalece el derecho a la verdad, la memoria histórica y la investigación independiente. Revisar estos expedientes permite comprender cómo operaban los mecanismos de decisión política en momentos de crisis y aporta nuevas herramientas para analizar la evolución de la democracia y las relaciones entre los poderes públicos en el país.
Fuente para la nota:
Torres Vivar, Francisco Alejandro (2026). Espiando a los propios: inteligencia y desaparición de poderes en México. El caso de Hidalgo, 1974-1975. Debates por la Historia, Vol. 14, núm. 1, enero-junio de 2026, pp. 43–69.